Regunt

Revisión bibliográfica del delito de usurpación en Latinoamérica

Linda Lucila Becerra Huamán — 2024-07-31

Las políticas de prevención de delitos patrimoniales, en especial del delito de usurpación en Latinoamérica juegan un rol importante en la sociedad, porque promueven la protección de los derechos del individuo, el correcto funcionamiento de la democracia y el desarrollo sostenible. Sin lugar a dudas, la inseguridad ciudadana incrementa con el transcurrir de los años, dejando a la población a su suerte y en la incertidumbre, por lo que los Estados de América Latina han implementado políticas de prevención con la finalidad de reducir los índices de denuncias registrados por la comisión de delitos; sin embargo, pareciera que su creación sólo está destinada al fracaso social. El presente artículo tuvo como objetivo evaluar las políticas de prevención del delito de usurpación en Latinoamérica. La metodología empleada fue de revisión bibliográfica considerando un enfoque cualitativo, se utilizó las bases de datos para la búsqueda, y procesamiento de la información de artículos de revistas indexadas. Del desarrollo se evidencia que las políticas de prevención en los Estados de América Latina responden a un criterio de necesidad, para lograr el pleno desarrollo de la ciudadanía, su implementación exige una comprobación que supone una mejora en la disminución de los índices de criminalidad. En conclusión, si bien los países Latinoamericanos han realizado grandes esfuerzos para tratar de manera preventiva la comisión de delitos patrimoniales, pese a que han existido efectos positivos estos aún resultan ser deficientes, ya que en la mayoría de los casos se implementan medidas reactivas a corto plazo, y porque además no se encuentran diseñadas para la reinserción de los victimarios.

Herramientas legales para regular la dinámica social de protección del derecho a la vida y el uso de vacunas en medio de la crisis sanitaria a partir de la segunda ola de la pandemia en Perú

Rodolfo Vela-Vásquez — 2024-07-31

Desde finales del 2019, el mundo enfrentó una situación sanitaria compleja provocada por la COVID-19, que ha impactado en todos los sectores de la sociedad de manera preocupante; ocasionando cuarentenas en todo el mundo por lo que Estados tomaron como medida fundamental, y complementaria, el cierre de instituciones educativas, la priorización de los servicios médicos, la protección personal, el reordenamiento del transporte, entre otras. Estas cuarentenas focalizadas sin que exista una certeza de la eficacia de dichas medidas siguieron latentes con índice de contagios preferentemente incrementados a partir de la segunda ola de la pandemia. En esa situación la amplia mayoría de Estados latinoamericanos y organismos del mundo han apelado a todas las herramientas legales disponibles con el fin de regular la dinámica social de protección del derecho a la vida sin criterios técnicos legales debido a la inexperiencia que afectó inclusive respecto a la inoculación de vacunas en medio de la crisis sanitaria. Objetivo: Evaluar el contexto jurídico y social de la crisis sanitaria en Perú, a partir de las herramientas legales disponibles para realizar una aproximación a la normativa disponible preferentemente durante la segunda ola de pandemia. Metodología: La investigación lo ubicamos dentro del paradigma cualitativo, de diseño fenomenológico, de revisión narrativa basada en el análisis de leyes afines al caso reglamentario de utilización de las vacunas anti-COVID-19 en tiempos de la segunda ola que impactó en la máxima crisis sanitaria en Perú, con análisis sincrónico en países latinoamericanos. El tipo de investigación es básica desde el paradigma naturalista y crítico en su contexto. Los resultados muestran que se generaron diversos mecanismos legales para contener la segunda ola del COVID 19. Se concluye que el acceso a la salud es un derecho esencial en Perú, especialmente relevante durante la pandemia de COVID-19; se debate si el sector privado debe manejar la vacunación, lo que podría acelerar la inmunización nacional, aunque se requiere un marco regulatorio para garantizar la equidad y eficacia en este proceso.

Responsabilidad en el delito de sicariato cometidos por menores de edad

Paulo Mauricio Marin Guevara — 2024-07-31

El sicariato juvenil es una alarmante manifestación de la violencia organizada, especialmente en contextos de pobreza y falta de oportunidades. Este artículo tuvo como objetivo revisar la responsabilidad penal de menores en delitos de sicariato, los factores causales, respuestas legales y propuestas de intervención. Se llevó a cabo una revisión exploratoria de la literatura existente, incluyendo estudios académicos. Los resultados revelan que la pobreza, la desintegración familiar y la falta de oportunidades aumentan el riesgo de reclutamiento de menores, y que las respuestas legales varían desde enfoques punitivos hasta rehabilitadores, con Perú enfrentando el desafío de equilibrar sanción y rehabilitación. Se concluye que se necesitan políticas integrales que aborden la prevención, la justicia juvenil y la rehabilitación, priorizando la reintegración social. Fortalecer programas comunitarios, mejorar el acceso a la educación y el empleo, y promover la colaboración interinstitucional son esenciales para reducir el sicariato juvenil y promover el desarrollo positivo de los menores, contribuyendo a una sociedad más segura y justa.El sicariato juvenil es una alarmante manifestación de la violencia organizada, especialmente en contextos de pobreza y falta de oportunidades. Este artículo tuvo como objetivo revisar la responsabilidad penal de menores en delitos de sicariato, los factores causales, respuestas legales y propuestas de intervención. Se llevó a cabo una revisión exploratoria de la literatura existente, incluyendo estudios académicos. Los resultados revelan que la pobreza, la desintegración familiar y la falta de oportunidades aumentan el riesgo de reclutamiento de menores, y que las respuestas legales varían desde enfoques punitivos hasta rehabilitadores, con Perú enfrentando el desafío de equilibrar sanción y rehabilitación. Se concluye que se necesitan políticas integrales que aborden la prevención, la justicia juvenil y la rehabilitación, priorizando la reintegración social. Fortalecer programas comunitarios, mejorar el acceso a la educación y el empleo, y promover la colaboración interinstitucional son esenciales para reducir el sicariato juvenil y promover el desarrollo positivo de los menores, contribuyendo a una sociedad más segura y justa.

Privatización de las cárceles como perspectiva de política criminal para reducir el hacinamiento

Pepe Luis Ángel Acosta Mendoza — 2024-07-31

La presente investigación tiene como objetivos generales determinar la viabilidad de privatizar la cárcel "El Milagro" tanto como política pública como criminal. Adoptando un enfoque de investigación pura, la metodología cualitativa se centra en la revisión bibliográfica y la comparación de eventos en tiempo real. Se aplicaron criterios basados en la guía académica de la Universidad César Vallejo, utilizando fuentes como Google Académico y Scopus. La relevancia del estudio radica en su capacidad para realizar una revisión exhaustiva y abordar la privatización penitenciaria, aplicando triangulación de datos y considerando estándares éticos. La conclusión destaca la necesidad de sopesar cuidadosamente la privatización, considerando desafíos éticos y sociales. La implementación debe contemplar la protección de los derechos fundamentales de los reclusos y no limitarse a consideraciones económicas, adoptando un enfoque holístico que refleje los valores éticos de la sociedad peruana.

El consentimiento por pasividad doliente en los delitos de violacion sexual

Kimberling Lorena Sernaque Vela — 2024-07-31

Actualmente se han visto violaciones sexuales cometidas en grupo y sin que la víctima emita acción de oposición a dicho acto. El objetivo de este artículo fue analizar una nueva modalidad dentro de los delitos de violencia sexual, que denominamos, el ilícito de violación sexual bajo la modalidad de estado de pasividad doliente de la víctima, que debe ser regulada e implementada en un artículo adicional en el código penal peruano, en el libro de delitos contra la libertad sexual. El método fue de enfoque cualitativo de tipo básico, de método inductivo, para ello se ha seleccionado diez sentencias emitidas en la jurisprudencia internacional y nacional, y del análisis se ha corroborado que no se debe confundir el consentimiento con la pasividad doliente de la víctima en los delitos de violación sexual. Del desarrollo, se ha determinado que los agentes que inciden para cometer el ilícito de violación sexual en un estado de pasividad doliente de la víctima, son factores sociales, económicos, psicológicos, jurídicos y también por ideología de género. En conclusión, existen falencias interpretativas respecto y diferencias entre la modalidad de pasividad doliente de la víctima con las modalidades de violación sexual reguladas en el Código Penal, las cuales radican en la forma y circunstancias de la ejecución del ilícito. Finalmente, recomendamos que resulta necesaria la regulación jurídica de la figura de la pasividad doliente como nueva modalidad del ilícito de violación sexual, con la finalidad de dispensar los vacíos jurídicos.

Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y vulneración del derecho de defensa en procesos por delito de robo agravado en el módulo básico de justicia de Alto de la Alianza, año 2019

David Moises Silva Napuri — 2024-07-31

El objetivo de la investigación fue analizar la aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva frente a la vulneración del derecho de defensa en el debido proceso en el delito por robo agravado. El enfoque metodológico del estudio se basó en una investigación de tipo básica y de nivel descriptivo, considerando una muestra aplicada al personal jurisdiccional del Módulo Básico de Justicia de Alto de la Alianza en la ciudad de Tacna- Perú. De lo que se concluye que, con base a los argumentos previamente expuestos, el derecho de defensa que de manera expresa está reconocido en la Carta Magna del Perú, debe ser la premisa a la cual tienen que ajustarse todas las propuestas de corte legislativo relacionadas a la materia procesal penal, y en especial referencia al D. L. N° 1194, en concordancia al principio de jerarquía normativa.